Reformas Estatales y Descentralización.

Dáel Dávila Elguera.[1]

El presente artículo tiene como objetivo hacer un recorrido del proceso descentralista vivido a partir de las reformas estatales iniciadas en la década de los 90 que trajo consigo un aparato estatal reducido y centralista, asi también viajaremos por la reforma estatal del año 2002 cuyo objetivo es descentralizar el estado. Por último haremos una pequeña explicación acerca del porque este proceso descentralista no se viene dando de la manera esperada.

La caída del muro de Berlín en 1989 significó el derrumbe del bloque socialista y la hegemonía del capitalismo. A partir de entonces el avance de la globalización, la democracia y liberalización de mercados se desarrollo en casi todo el globo. En el año 1990 los organismos financieros internacionales y centros económicos llevaron a cabo el Consenso de Washington con el fin de mejorar el programa económico de Latinoamérica a través de ciertas políticas económicas, es decir impulsar el modelo de estado que pueda acoger al modelo neoliberal.

En Perú tras el autogolpe de Estado de 1992 se decidió adoptar las recomendaciones del consenso de Washington las cuales responden a principios de gestión privada de los medios de producción, libertad de mercados, disciplina fiscal e inserción de las economías emergentes en el comercio mundial. Esto se hizo viable a través de la constitución de 1993 que trajo consigo una reforma estatal en la que se tiene una economía social de mercado, es decir, los particulares ahora son quienes producen la riqueza y el estado solo interviene en sectores de la economía como son salud, educación, construcción y defensa. En el marco de esta Reforma Estatal se tuvo que desarticular el Consejo Nacional de Planificación, se vendió diferentes empresas públicas, se firmaron contratos de estabilidad laboral con ciertas empresas extranjeras a fin que el Perú sea una plaza atractiva para las inversiones.

En consecuencia el rol del estado paso a ser meramente de un regulador de la economía, pero con características concretas de un estado centralista, donde todo se administra desde Lima y los diferentes sectores sociales no opinan en cuestiones gubernamentales. Sumado a esto tuvimos un gobierno paternalista y dictatorial que degenero la participación ciudadana y la condiciono a actuar en merito a una recompensa material, asi mismo se frenó la actuación de los gobiernos locales y regionales, acaparando la esfera de lo público y social.

Sin embargo en la última década hemos visto como este tipo de estado empieza a resquebrajarse en espacios como el nuestro ya que las necesidades básicas insatisfechas que afectan a la mayoría de nuestra población, generan que estas sean exigidas tanto a los agentes del mercado como al estado. Un ejemplo claro de esto en nuestras regiones es el constante pedido de los pobladores de zonas aledañas a las empresas mineras y al estado para que cubra sus necesidades.

Esta serie de insatisfacciones podría ser un caldo de cultivo en donde se ponga en peligro al mismo sistema, es por ello que nace la necesidad de una nueva reforma estatal que permita tener un estado eficiente y eficaz en un ambiente de libre mercado.

Asi tras la caída del régimen Fujimontesinista y la entrada del gobierno de Valentín Paniagua se inicia la reforma estatal a través de la descentralización con el fin de tener un estado moderno cuya finalidad fundamental es lograr la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos.

Esta reforma permite la conformación de regiones en donde los gobiernos regionales y gobiernos locales tengan autonomía normativa, administrativa y fiscal. En ese sentido ya se han venido algunos pasos importantes como es la transferencia de funciones en Salud a la DIRESA, en Educación a la DREE y la conformación e implementación de Consejos de Coordinación Local y Regional (CCR).

Sin embargo, pese a la reforma estatal por acercar el estado a las regiones, está no viene dando resultados pues como se vivió hace menos de un mes, se tuvo que convocar dos veces para la elección del CCR por falta de candidatos. Esto es preocupante teniendo en cuenta que el CCR participa en el presupuesto participativo de la región.

Podemos intentar explicar este problema desde dos puntos de análisis, no siendo estos los únicos y exclusivos. El primero de ellos deviene desde el interior de la autoridad regional o local que a nivel de relaciones dentro de la institución o interinstitucionales, no cuenta con el suficiente deseo de iniciar un cambio. Generándose en este espacio relaciones de politiquería sin una visión de formar región y a nivel de relaciones con los poderes centrales existe poca voluntad por estos últimos en transferir lo relacionado al tema fiscal, asi pues tenemos que se transfieren funciones en papel pero no se transfiere el dinero.

El segundo punto de análisis viene desde el lado de la sociedad civil donde existe un proceso social en el que la participación de los diversos grupos sociales está condicionada a los intereses que se presente para acceder a servicios básicos y la voluntad para participar de las decisiones gubernamentales. Esto puede ser explicado desde el cambio de modelo económico y un gobierno paternalista de la década de los noventa que origino una cierta dependencia de la participación política en los sectores populares con el fin de obtener servicios básicos, es decir asistencialismo, y no un interés por la participación que conlleve a la toma de decisiones. Por otro lado una cultura dictatorial heredada de la década de los noventa sumada al excesivo centralismo de la misma fecha ha originado que en sectores medios y académicos, exista una cierta pasividad respecto la participación. Por último en sectores rurales si bien es cierto existe una participación esta se hace para saciar necesidades básicas insatisfechas con ONG’s o con el Estado. Asi mismo se corre el riesgo que los intereses particulares de los dirigentes distorsionen las reales necesidades de las mayorías.

Todo lo antes dicho acarrea, que ante el desinterés de la población y los gobernantes no se piensen en el futuro de Cajamarca y por el contrario se corra el riesgo de estar en la presencia de una nueva centralización local y regional. Es por ello que se hace necesario empezar con mecanismos adecuados a fin de promover la participación tanto a nivel gubernamental como del ciudadano y asi podamos asistir a un verdadero proceso descentralista.
[1] Estudiante de IX Ciclo de Sociología en la UNC y de VIII ciclo de derecho en la UPN.