La esperanza de SEDACAJ

Por: Ricardo León Aguilar
rleon.aguilar@yahoo.com

Las estatizaciones hechas en la década del sesenta y setenta por el entonces presidente de facto Juan Velasco Alvarado, produjo el incremento de empresas estatales en todo el territorio nacional. La constitución Política del Perú de 1979 contemplaba aún, que el Estado pueda ser gestor y conductor de sus propias empresas. En aquella época diversos entes estatales constituían empresas, dentro de ellas tuvimos en el sector de comunicaciones ENTEL PERÚ, hoy vendida al grupo internacional Telefónica. En el sector energético, específicamente de combustibles, tenemos la empresa PETRO PERÚ que aún subsiste. Lamentablemente, hoy es cuestionada por casos de corrupción. En el caso de la minería se constituyó a la empresa CENTROMIN para la explotación de los recursos minerales en el centro del país.

De la misma manera que el gobierno central poseía empresas estatales, los gobiernos locales hicieron lo propio. Las empresas locales, al igual que las nacionales se constituyeron con un propósito social y económico. El objetivo era generar recursos para las arcas estatales al proporcionar una prestación de servicios a la población. Lograr un equilibrio en ello, constituyó un reto que no se pudo concretizar, pues se llegó a un punto que las mismas empresas no podían generar recursos para un auto mantenimiento y fue necesario subsidiarlas con dinero directo de la administración pública.

En esa lógica de ideas podemos afirmar que se distorsionó parte del sentido con que habían nacido. Pues, terminaron siendo empresas poco rentables y subsidiadas, no a causa de poca demanda de los servicios que prestaban, sino, de la mala administración que ostentaba. Estas empresas comenzaron a ser utilizadas de manera personal por políticos que se creían dueños de ellas, que en teoría pertenecen a toda la colectividad. De ello, devino que las direcciones y gerencias de las empresas estatales caigan, muchas veces, en personas faltas de experiencia tanto académica como de valores, pues avalaron la utilización como “caja chica” de los fondos que dificultosamente recogían, para satisfacer caprichos de autoridades.

No muy lejos de aquel panorama se encuentra el caso de la empresa Prestadora de Servicios SEDACAJ, una de las empresas estatales cajamarquinas. Esta empresa hoy se encuentra en peligro de embargo por parte de la SUNAT, a causa de una deuda generada por la mala gestión del ex Gerente Enrique Alva, quien convirtió una deuda de 1 millón de nuevos a soles a la suma estrafalaria de aproximadamente 6 millones de soles. Este gerente en lugar de incrementar la rentabilidad de SEDACAJ, al menos en 50%, aumentó la deuda con la SUNAT a 600%. ¿Acaso SEDACAJ no tiene asesores? La respuesta es lógicamente afirmativa, pero dado el caso que tuvieron asesores legales que colocaron direcciones procesales falsas, perjudicando económicamente a la empresa.

Como es tradicional en nuestro país, era la hora de deslindar responsabilidades o zafarse del tema que inminentemente parece estar por caer en SEDACAJ, un embargo o terminar en quiebra. Primero, no se debía de hablar de las gestiones actuales, sobre los temas de arbitrajes perdidos y multas perdonadas, que han generado que la empresa siga creciendo sus deudas y desperdiciando dinero. Luego, inteligentemente - espero no estar equivocado - se agregó un tema que aleje el problema de fondo, y este fue crear la hipótesis que una empresa de capitales chilenos pretendería adquirir la empresa SEDACAJ y que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, sería la encargada de venderla, previo embargo de sus bienes. Ello es una absurda mentira, ya que la SUNAT no es el órgano encargado de vender los bienes estatales. Además, utilizar la xenofobia chilena que poseen ciertos peruanos, para callar problemas álgidos sean políticos o sociales no es tema nuevo. Sin embargo, no quita lo sucio y despreciable de estos métodos.

En todos los medios de comunicación local, voceros de la empresa, han pedido encarecidamente que la población y autoridades se aúnen en la defensa de SEDACAJ, con el propósito que la SUNAT dé marcha atrás en la ejecución de la cobranza coactiva iniciada (embargo de bienes). Uno de sus fundamentos se basa en que la SUNAT debe inmediatamente detener la ejecución por mediar una apelación contra las deudas y sanciones que poseen. Ante ello debo suplicar a los diferentes dueños de aquellas declaraciones, que se asesoren de un abogado o en todo caso que lo cambien. Pues, una apelación en materia tributaria no implica que deban de detener una ejecución coactiva, en tal sentido les invito a leer con el debido respeto el artículo 119 del Código Tributario vigente y decir ¿en qué lugar prescribe que la ejecución coactiva debe suspenderse o concluir a causa de una apelación dentro del proceso tributario?, la respuesta será que en ningún caso de apelación. Es decir, la ejecución coactiva no va a parar así haya una movilización de todos los cajamarquinos o intermedien decisiones políticas. Ello lo manifiesto con la única finalidad que la población en general conozca la realidad y no sea materia de engaños por parte de ciertas personas que pretenden utilizarlas en provecho propio.

Dentro de las declaraciones hechas por parte de funcionarios de SEDACAJ, se ha utilizado equivocadamente el término de “empresa prestadora de servicios”, creyendo erróneamente que por prestar el servicio de agua potable y alcantarillado, siendo de suma importancia para la población, no debería generar ganancias a favor de las municipales dueñas de la empresa. Si ello fuese de esa manera, parte de los presupuestos municipales, muy peleados hoy en día, tendría que ir cierta parte de él, al sostenimiento de SEDACAJ. Si ello se concretizara, se desatendería, aún más, ciertos sectores de la población que gozan de presupuesto.

El problema de SEDACAJ, se suma a la larga lista de errores que históricamente se ha cometido dentro de la política local y nacional. Eso puede usarse como escusa y tratar de disminuir el costo social y político que trae consigo, pero no lograremos solucionar nada al tratar de taparlo o darle un sentido diferente al problema. Debemos responder a tal hecho, no con mentiras sino plantear soluciones para no volver a caer en los mismos embrollos, estudiar el ¿cómo? llegamos a ello y remediarlo para futuro. Todo esto se sintetiza en mejorar la administración y gestión de SEDACAJ y sancionar a los funcionarios, que como consecuencia de su mala gestión dimos a parar al punto de poder perder a la empresa de todos los cajamarquinos. Es necesario tener el suficiente valor para aceptar errores, pues una vez asumidos se puede trabajar para mejor.